El periodista y diacono de la Iglesia católica, José Monegro, director del periódico El Día, editorializa hoy sobre el asesinato en Villa Altagracia de una pareja de jóvenes esposos que iban hacia su casa luego de participar en un culto religioso.
Lo ocurrido en Villa Altagracia con la muerte de una joven pareja de esposos, y en el sector Invivienda del municipio de Santo Domingo Este, con el intento de linchamiento de un joven taxista, en el fondo tienen similitudes.
En ambos casos la ilegal intención de tomarse las atribuciones de ejecutar sanciones de manera particular ante una supuesta infracción de las leyes degeneró en la muerte o lesiones de personas inocentes.
Lo primero a tomar en consideración es que en la República Dominicana no está establecida ni se puede establecer la pena de muerte bajo ninguna circunstancia.
En segundo, la sanción penal solo se puede establecer tras agotar un proceso judicial en las instancias establecidas para esos fines por la Constitución y las leyes.
En tercer lugar, el imputado tiene el derecho a defenderse en esas instancias legamente establecidas.
El Estado, por tanto, tiene el monopolio de la fuerza y de las sanciones penales y cualquiera que la tome en sus manos está cometiendo un delito.
Con relación al caso de Invivienda hay otra arista condenable, como es la divulgación de falsedades que generan intranquilidad y desasosiego en la población.
Cada cierto tiempo se utilizan imágenes alteradas, falsas o descontextualizadas para afirmar que se están produciendo robos sistemáticos de niños. En alguna ocasión pasada hasta se ha aseverado que esos raptos son para quitarles órganos.
Las aclaraciones y desmentidos de las autoridades competentes no son suficientes para detener esos falsos rumores.
Sepa cada ciudadano que carga con parte de la culpa cuando reproduce y divulga esas falsedades.
En las manos de cada divulgador de esas mentiras, ahora a través de las redes sociales, hay sangre del joven taxista que estuvo a punto de perder la vida.
Pero también tiene la responsabilidad de afrontar la justicia todo aquel que ha intentado ejecutar sanciones suplantando el rol que el Estado ejerce a través del Poder Judicial, respetando los debidos procesos de ley.
RSS: Entradas
