El compueblano periodista banilejo, Miguel Franjul, director del Listín Diario, en su editorial de este día habla sobre el nuevo Código Penal.
Tras 141 años de vigencia de un texto obsoleto, la promulgación del nuevo Código Penal por el presidente Luis Abinader marca un hito en la justicia dominicana.
Este instrumento, respaldado por consenso político tras décadas de fracasos, sustituye un marco legal anacrónico —heredado de códigos haitianos de 1826 y de raíces napoleónicas— que ya resultaba insostenible en un país enfrentado a delitos del siglo XXI .
La nueva normativa ofrece avances fundamentales frente a la criminalidad moderna, como la tipificación de delitos emergentes.
Por ejemplo, el código responde a amenazas actuales como el “ciberbullying”, la difusión de noticias falsas para chantaje, el sicariato, la violencia económica y la instigación al suicidio.
Además, sanciona crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, alineándose con estándares internacionales.
En el se establecen penas de hasta 60 años para infracciones graves acumuladas, así como órdenes de protección robustas para sobrevivientes de violencia de género e intrafamiliar.
La creación de un registro de agresores sexuales y programas de reeducación y vigilancia pospena evidencian una visión integral de seguridad ciudadana.
Pese a su trascendencia, el código arrastra deficiencias que exigen corrección inmediata, para lo cual hay tiempo pero bajo un clima de menos presiones e interferencias de grupos interesados.
El período de 12 meses antes de su entrada en vigencia es una ventana crítica para revisar algunos aspectos, o incorporar salvaguardas contra la impunidad en delitos de cuello blanco, eliminando excepciones para instituciones públicas.
La promulgación del código es un triunfo imperfecto, pero un punto de partida para arreglar la carga en el camino.
Pese a sus falencias, este código es un avance monumental frente al inmovilismo que por años replicó modelos ajenos a la realidad dominicana.
Su mérito radica en romper con la parálisis política, pero su legado dependerá de la voluntad para refinarlo.
El llamado es al presidente Abinader, al Congreso y a la sociedad civil para que aprovechen estos doce meses para convertir un texto valiente en una herramienta verdaderamente justa e incluyente.
La historia juzgará no solo por lo logrado, sino por lo que se corrigió con grandeza.
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