Desde hace ya más de un año tenemos como nuestro comentario invitado de cada lunes, el artículo que escribe el periodista Orión Mejía para su columna A rajatabla que publica los domingos en El Nacional y este es el de esta semana.
Con disfraces de ángeles de la comunicación social y de la sociedad civil, veteranos representantes de franquicias políticas y grupos corporativos buscan afanosamente la alquimia que permita incendiar la pradera social con el propósito de desalojar del Gobierno a quienes parece desean salir por propia voluntad.
Esa gente considera que el momento es propicio para provocar mediante movilizaciones con injerencia extranjera, las condiciones objetivas para un brusco cambio en la correlación de fuerza en el plano político que conlleve a un cambio en la dirección del Estado con o sin elecciones.
La verdad es que no parece mal momento para sembrar acíbar en terreno asolado por una prolongada sequía de sensatez política, pero olvidan que la mayoría ciudadana no desea cultivar, ingerir ni distribuir esa resina tan amarga.
El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución
Cuando República Dominicana fue objeto de los peores escarnios a nivel internacional porque el Estado nacional reivindicó el derecho a ejercer control migratorio, esos arcángeles cerraron fila con el litoral foráneo y reprodujeron aquí las infames acusaciones de apátridas y homófobos endilgadas a los dominicanos.
Esos sectores coinciden con gobiernos, agencias y grupos conservadores extranjeros que auspician, promueven o impulsan acciones políticas y económicas contra el país, bajo la falsa premisa de que aquí se puede reproducir desde el Gobierno y el partido oficialista esquemas similares a los de Venezuela y Cuba.
Las más vistosas lentejuelas que presentan esos disfraces se refieren a la lucha contra la corrupción, pero muchos de quienes se los entallan no procuran ocultar sus enaguas, porque suelen ocultar a corruptos y corruptores preferidos, o en el menor de los casos a arropar con silencio cómplice inconducta de sus mandantes o aliados.
El derecho a la protesta está sobradamente consagrado en la Constitución de la República, como también los principios de soberanía, democracia y equidad, prerrogativas irrenunciables, pero que nunca deben desvirtuarse con fines políticos o con propósitos malsanos.
Difícil será incendiar la pradera en una nación donde no hay presos ni exiliados políticos, cuya economía crece con baja inflación y generación de empleos, aunque se admite que falta mucho trecho para hablar de progreso pleno y de erradicación de la corrupción. Este país no es comparable con Venezuela ni con Cuba.
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