El compueblano periodista banilejo, Miguel Franjul, director del Listín Diario, en su editorial de este miércoles enfoca la situación creada desde hace tiempo con los bienes incautados por las autoridades.
Los bienes incautados en la lucha contra el crimen organizado han sido, por largo tiempo, una especie de botín de guerra para ciertas autoridades que los usufructúan o se apropian de ellos.
Pese a que los decomisos tienen un plazo de inmovilidad antes de que, por virtud de una sentencia, pasen a ser patrimonio del Estado o devueltos a sus propietarios, la práctica aquí suele pasar por alto esta condicionante.
De ahí que sea necesario establecer, con claridad y con reglas inviolables, una normativa que garantice primero el mantenimiento de los bienes y, luego de culminados los juicios, su venta en pública subasta o su devolución a los dueños.
La falta de una ley de extinción de dominio de bienes ilícitamente acumulados por medio del narcotráfico, el lavado de activos o cualquier otra vía delictiva, propicia que se mantenga este irregular statu quo sobre los mismos.
Parece que esa ley, ordenada para aprobarse por la propia Constitución de la República, es una piedra quemante en el Congreso.
La rebotan de una cámara a otra desde hace cinco años, lo que hace sospechar que dentro de esas esferas del poder se mueven intereses que le temen a su aprobación como el diablo a la cruz.
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